El jueves 16 de julio se produjo un allanamiento
y desalojo de la fábrica recuperada RB ubicada en la localidad de San Isidro. La orden fue impartida por la jueza federal Gualde quien exhortó a la
jueza de primera instancia Civil y Comercial Nª 7 Laura Thelma Gervasi, de los
tribunales de dicho municipio, a
realizar el operativo por medio de la fuerza pública.
La orden de la jueza responde al pedido de
Eric Heuser, acreedor hipotecario, quien compró la deuda de los antiguos dueños
al Banco Francés y quien estuvo presente en el
acto de desalojo.
En el momento del allanamiento se encontraba en las
instalaciones el trabajador y portero Ricardo Perea, quien vive ahí con su
familia, esposa e hija. Al ser sorprendido por la violencia con que se llevaba
a cabo el operativo se atrincheró para resistir el desalojo, momento en el cual
las fuerzas represivas derriban la puerta, golpean a su hija y tirándole gas
pimienta en su rostro lo esposan.
Como resultado de la resistencia ante una orden injusta, el trabajador es llevado detenido y procesado
por resistencia a la autoridad.
Horas después de éste hecho las fuerzas
del campo popular se hicieron presentes en la fábrica, para recuperarla y
proteger los bienes y la integridad de los trabajadores. Entre los movimientos
sociales y políticos que se acercaron al predio estaban: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas,
el Movimiento Evita, el Partido Comunista y Patria Grande, los cuales
permanecen en la actualidad dentro de las instalaciones a fin de evitar un
nuevo desalojo.
El derrotero de la empresa se inicia
cuando el dueño de apellido Buda, ante apremios económicos, se asocia en forma
encubierta (de acuerdo a los relatos de los trabajadores) a los
empresarios Llantores y Perez, quienes
le proponen varios negocios, entre ellos la producción de parquímetros para la
ciudad de Buenos Aires, por ese entonces administrada por el nefasto Carlos
Grosso. En esa época es cuando la empresa comienza a fabricar dichos aparatos y
a desarrollar negocios en el exterior ajenos a la fábrica. Por estos “negocios” pocos claros se termina
pidiendo la quiebra del titular y en 1998 la empresa RB S.A.I.C. es declara en
cesación de pago cambiando su razón social a la de una cooperativa.
Si bien en los hechos la empresa
siguió sus actividades produciendo artefactos y relojes de medición, la
categoría de cooperativa encubría la continuidad de la explotación empresarial
por parte del señor Buda, quien distribuía las ganancias en forma piramidal y
espuria, hasta que un cuerpo de delegados logró ganar las elecciones internas y
hacerse con la administración de la empresa.
A partir de que los trabajadores
logran el control de la fábrica, el cuerpo administrativo junto con el
empresario y personal jerárquico renuncian y se retiran. A su vez se realizan
las distintas gestiones en los distintos estamentos gubernamentales para conseguir la
expropiación, cosa que se logra en el año 2007 por medio de la ley 13 740 y en
el 2012 se obtiene una prorroga hasta el 2017, ley 14 428.
Ante el no cumplimiento por parte del
Gobierno de la Pcia de Buenos Aires para la realización de la expropiación
(pagos y demás), el desconcierto de los trabajadores, que venían peligrar su
fuente laboral, y el mal asesoramiento, el acreedor hipotecario logra la firma
conjunta de un acta acuerdo para hacerse del predio. Posteriormente la Jueza
interviniente dicta la abstracción de la ley de expropiación y ordena la
entrega del inmueble a dicho acreedor, Eric Heuser.
Cabe destacar que dentro del acta
acuerdo entre el acreedor y los trabajadores, el señor Eric Heuser promete
mantener las fuentes laborales sin acuerdo indemnizatorio. Entre ciertas
ambigüedades del documento, la falta de las firmas de todos los trabajadores
hace del mismo un acto nulo.
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